Deuda catalana: ¿Chantaje o huida hacia adelante? A pesar del superávit comercial, la deuda catalana es la mayor de España y cada vez depende más del Estado, que quiere saber adónde va el dinero

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La deuda catalana se compone básicamente de 75.000 millones de euros por cuenta del gobierno regional y 4.700 de los ayuntamientos. Parece que esto ayudaría a explicar por qué el proceso secesionista que impulsa la Generalitat tiene como principal valido a algunos alcaldes. Al margen de esa suposición, resulta extraño que la comunidad con mayor superávit en su balanza comercial sea también la de mayor deuda. Que, además, esa deuda le haga depender cada vez más del Estado puede ser una de las claves de las prisas separatistas.

Deuda catalana (datosmacro.com)
La deuda catalana, según Expansión (datosmacro.com)
Deuda de las comunidades autónomas (datosmacro.com)
Deuda de las comunidades autónomas (datosmacro.com)

El primer gráfico de Expansión resume el estado de las finanzas catalanas. El segundo muestra gráficamente cómo la deuda catalana es la mayor de España, desde todos los puntos de vista (per cápita, en relación a su PIB, etc). Por si fuera poco, a los 75.443 millones de euros debidos en marzo de 2017 por la Generalitat hay que sumar 2.044 millones debidos por empresas públicas autonómicas cuya contabilidad sin embargo no se refleja en el sector de las Administraciones Públicas. Según Carlos Cuesta (OK Diario), al recurrir a este artificio con la cantidad antedicha, el gobierno catalán sería titular de “la mitad de la deuda española oculta en empresas públicas”.

Según Roberto Pérez (ABC), el resto de la deuda catalana estaría compuesta por 4.700 millones de euros debidos por los ayuntamientos, 267 millones de las cuatro diputaciones provinciales, 285 de otras entidades locales y el porcentaje que le correspondería de la deuda del Estado español, que serían 183.000 millones de euros. La suma hace 82.739 millones sin contar la deuda del Estado y 265.739 incluyéndola.

La deuda, además, se hace cada vez más difícil de pagar, ya que solo el anuncio del referéndum independentista provocó una devaluación de los bonos a 10 años de la Generalitat (la deuda que no está en manos del Fondo de Liquidez Autonómica, FLA), aumentando en el plazo de un mes más de un 90% la rentabilidad que exigen los inversores para comprarlos (a fines de junio la Generalitat tuvo que ofrecer los bonos con una rentabilidad del 0,9% y el 10 de agosto pasó a ser el 1,72%).

Según Marcos Lamelas (El Confidencial), la Generalitat catalana cree en su fuerza, si no para recuperarse, sí para hundir consigo a España, apoyándose en augures como Xavier Sala i Martin. De momento, sin embargo, eso no ha sucedido, y mientras el bono catalán se encarecía el 90%, la prima de riesgo española bajaba siete puntos, colocándose por debajo de 100.

No parece lógico que se prefiera pagar a fondos buitre con bonos basura en vez de llevarse bien con el Gobierno español, con cuya bendición la deuda catalana sería menos costosa. De hecho, el resultado de la pataleta hasta ahora ha sido aumentar el porcentaje de deuda catalana asumida por el FLA: Según Carlos Segovia (El Mundo), de los 75.098 millones de deuda con que cerró 2016 la Generalitat, 50.037 eran préstamos del FLA “y otros instrumentos del Estado” (el 65%, frente al 62% un año antes). Del resto, 8.849 millones se debían a bancos nacionales y 6.147 a extranjeros. Además, se debían 4.346 millones “en proyectos financiados con asociaciones público privadas. Si se exceptúan estos últimos, el peso de la financiación estatal en la deuda convencional de la Generalitat llega al 72%“, concluía Segovia.

La dependencia aumenta de espaldas a las amenazas independentistas y según Lluís Pellicer (El País) a fines de 2017, el 78% de la deuda de la Generalitat estará en manos del FLA (54.061 millones de euros sobre un total de 69.855).

En resumen, Cataluña cada vez vende menos en el resto de España pero depende más de ese comercio para compensar su déficit exterior; se endeuda más que otras regiones y, a pesar de las bravuconadas de su Gobierno o precisamente por ellas, depende más del Estado para pagar su deuda. El Gobierno español exige a cambio mayor control de las cuentas, lo que puede motivar a los responsables catalanes a una huida hacia adelante para evitar ese control.

La pregunta del millón (o de los 80.000 millones) sigue siendo en qué se han gastado las administraciones catalanas el superávit que la sociedad civil había logrado con el comercio.

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