La paz es posible; la verdad, improbable; la justicia, imposible Tras el choque de trenes que supuso el referéndum del 1 de octubre, vendrán otros, pero aún es posible la paz

Facebooktwittermail

El domingo 1 de octubre de 2017 chocaron dos trenes en Cataluña. Ambos salieron casi indemnes y han retomado la ruta hacia un nuevo enfrentamiento. Ante la previsión de próximos choques, conviene recordar que la paz siempre es posible, que sería deseable dejar de engañarnos y decir la verdad, y en todo caso renunciar a una solución absolutamente justa. De momento, solo la Comisión Europea se ha expresado en términos parecidos en una nota emitida el 2 de octubre.

Las dos partes que se enfrentaron afirman haber salido victoriosas, aunque ambas se equivocan. Los hechos probados son que, por una parte, puede haber dos millones de catalanes dispuestos a rebelarse frente a todas las leyes españolas y que, por la otra, España sigue dispuesta a sofocar esa rebelión.

Ambas partes se equivocan al pensar que la otra fue vencida (por no realizar el referéndum; o por haber sido humillada al no haberlo podido detener, o solo por la fuerza). Ambas siguen interpretando como victoria propia el resultado del enfrentamiento, que es un fracaso en el que todos han perdido, con amenaza de una catástrofe irreversible. Ambas siguen dispuestas a darse un próximo nuevo encontronazo y creen tener toda la razón y todo el derecho a seguir por la misma vía del enfrentamiento. La historia del orgullo humano cien millones de veces reeditada.

Lo anterior no significa que la justicia esté en mitad del camino. Bien ha dicho la Comisión Europea que el referéndum era ilegal. Pero sugiere que este tipo de problemas no se solucionan aplicando la justicia: no tienes razón, te lo impedimos. Exige renunciar a la violencia y recurrir al diálogo. Recuerda, además, que su postura legal es la misma que siempre ha mantenido la Comisión “en línea con la Constitución española”: que si un territorio se va de España, se queda fuera de la UE.

¿Es posible el diálogo?

Que la paz es posible, es algo aparentemente elemental, pues de lo contrario creeríamos que la violencia es el medio ordinario para resolver los problemas humanos. Pero, ¿es necesario o conveniente para ella decir la verdad?

Este es un hueso más duro de roer, porque en los últimos 40 años -y algo habría que decir de los 40 anteriores- los poderosos, o llamémosles simplemente políticos, que no es para tanto el  poder con que cuentan- han dado por supuesto que los españoles no deben saber la verdad, porque no serían capaces de digerirla. A base de mentiras, como es lógico, no es posible un auténtico diálogo, aunque hay formas de distraer a la gente para evitar, o al menos retrasar, el próximo enfrentamiento: el fútbol por un lado; por el otro, además, talleres con niños en las escuelas contando estrellas para dar la bienvenida a un nuevo Estado en el que las chocolatadas serán gratis.

La  mentira esencial gira en torno a la soberanía, aunque hay otras importantes, por ejemplo en torno a los dineros. Antes que nada, conviene conocerlas para saber si estamos dispuestos a dejar que los ciudadanos sepan la verdad, o si sería demasiado complicado y es preferible que gane el más fuerte.

Sea cual fuere la verdad, la reflexión sobre si nos interesa es previa y no es baladí, ya que los españoles hemos dado a lo largo de la historia pruebas suficientes de destreza en diversos campos, notablemente el militar, resistiendo durante ocho siglos al Islam, descubriendo e incorporando a nuestra civilización un continente, y al mismo tiempo peleándonos con media Europa. Pero nuestro estilo con frecuencia arrogante no nos ha hecho destacar aparentemente en el diálogo, aunque sí en la ciencia y la educación por muchas individualidades, no siempre por escuelas que dejen una huella continuada.

En definitiva, hay que plantearse si estamos dispuestos a renunciar al propio orgullo y admitir que también el bando en que hemos caído por fortuna, sentimiento o convicción, ha mentido. Ya adelanto que la respuesta más probable es NO.

Si estuviéramos dispuestos a dar paso (no necesariamente aceptándola como reina) a la verdad, los independentistas catalanes tendrían que admitir que durante 40 años han estado dando por buena la interpretación de que son una nación soberana, que definitivamente rechazó el Tribunal Constitucional en 2015, y que siguen esgrimiendo sin bajarse de la burra.

El Estado central debería, por su parte, pedir perdón por tantos que en estos 40 años han dado alasdesde Suárez al admitir las nacionalidades hasta Zapatero al jurar que admitiría todo lo que aprobara el Parlamento de Cataluña, y, claro, aún hoy día Podemos y sus confluencias- a esa interpretación, y asumir que si se quiere partir la soberanía en lo esencial (es decir, en más de ese 99% que ya cedió la Constitución al reservar para el Estado solo un par de bagatelas), entonces hay que elaborar una nueva Constitución.

Por tanto, no solo la derecha miente al negar su culpa en dejar crecer el monstruo independentista -porque la omisión también es un pecado, y sin el consentimiento primero de González y luego de Aznar, no habría crecido hasta sus actuales dimensiones-, sino que también miente la izquierda al considerar que aquí no hay ningún problema.

El dinero se lo llevarán de todas formas

Aparte de sobre la cuestión esencial de la soberanía, ambas partes tienen que decir la verdad a sus seguidores y comerse su orgullo, reconociendo con sencillez las mentiras relativas a los dineros. A los catalanes les dicen sus actuales líderes que España les roba, cuando España les permite vender en condiciones ventajosas, de modo que el mercado español les da el superávit que compensa el déficit que tienen con el resto de países.

En medio de las dos partes, hay otra verdad económica incómoda para ambas partes, y es que teniendo Cataluña una balanza comercial positiva (gracias al comercio con el resto de España), ese superávit desaparece hasta convertirse en el más grande déficit de España, y que el Estado sufraga ese déficit hasta un 80%. Es decir, que no es España quien roba a Cataluña, sino que el Gobierno catalán roba a sus ciudadanos lo que habían ganado comerciando con España, y el Gobierno español calla al respecto, luego también es cómplice por omisión.

El tercer punto, culpa de los centralistas, es que se acuse de insolidaridad a los catalanes porque pidan ser como los vascos y navarros. Es decir, que salvo a un puñado de listillos, se nos habla de España como un Estado igualitario, cuando no lo es. Hay dos regiones, el País Vasco y Navarra, que no están obligadas a contribuir en nada a las arcas centrales. Al llegar el momento de que una región más pida ese privilegio, no se puede simplemente declarar tabú el tema: antes que nada, hay que reconocer que eso sucede, y preguntar a la gente qué opina. Porque de entrada no somos todos iguales.

Y si nos atrevemos a decir la verdad, algo harto improbable, ya estaríamos en disposición de discutir, incluso dialogar, acerca de nuevas condiciones de convivencia. Obviamente, tendríamos que renunciar a la justicia. Porque ni lo que hay es justo, porque no somos todos iguales, ni lo sería lo que viniera.

Si vamos a renunciar a hacer justicia, no podemos poner la solución del problema en los tribunales. Cuando un conductor se salta un semáforo, el problema lo tiene él. Si se lo saltan a la vez dos millones, el problema lo tiene la DGT. El 1 de octubre de 2017 cometieron delito de sedición más de dos millones de personas. Siguen siendo una minoría, pero ya no se puede ni mirar a otra parte ni multarles a todos.

Los principales delincuentes están blindados por el apoyo de los demás. Así es el juego de la manipulación política: En sus prisas, incomprensibles si se evalúa el daño que este conflicto va a causar, hay que sopesar tanto el miedo a perder la mayoría independentista como el miedo porque en 2018 Andorra enviará a la Agencia Tributaria Española los datos que ha ido recopilando desde que el 1 de enero de 2017 se levantó el secreto sobre la titularidad de las cuentas.

En los países que han sufrido conflictos graves, se renuncia a enchironar a todos los responsables, pero al menos se establece una comisión de la verdad. Ya que vamos a sufrir, al menos que dejen de mentirnos.

Puesto que más de dos millones de catalanes están decididos a romper la baraja, y muchos más españoles dispuestos a forzar a que siga el juego, al menos que sepamos las reglas. Entonces podremos decidir si rompemos la baraja, si cambiamos las reglas, o si mantenemos una y otras y echamos de la mesa al jugador que no las acepta, a ser posible sin que vuelen entremedias mesas, sillas y botellas. Lo que sea no será justo, pero al menos que no nos engañen haciendo pasar una cosa por otra.

Que Dios reparta suerte y ojalá que quienes creen en la verdad crean también que los españoles son aún dignos de saberla y quizá hasta decidir conforme a ella.

Facebooktwitterrssyoutube

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *